Mapa: Reserva de Biosfera Seaflower, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia). Fuente: Sistema de Información Geográfico, SIG, de CORALINA.
Por: Christie D. Walters Álvarez / Gestora del Observatorio de Seaflower; E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La seguridad y soberanía alimentaria hacen parte de la agenda pública internacional desde hace más o menos 4 décadas, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, emitió los conceptos técnicos sobre los problemas asociados y su impacto en la población y el desarrollo mundial. Para la FAO (2011) la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa. La seguridad alimentaria de un hogar significa que todos sus miembros tienen acceso en todo momento a suficientes alimentos para una vida activa y saludable. La seguridad alimentaria incluye al menos: 1) la inmediata disponibilidad de alimentos nutritivamente adecuados y seguros, y 2) la habilidad asegurada para disponer de dichos alimentos en una forma sostenida y de manera socialmente aceptable (esto es, sin necesidad de depender de suministros alimenticios de emergencia, hurgando en la basura, robando o utilizando otras estrategias de afrontamiento).
Es importante diferenciar entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Mientras que la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. En ese orden de ideas, se podría afirmar entonces que mientras la seguridad alimentaria está asociada a la efectividad en las políticas públicas para el desarrollo, la soberanía alimentaria está relacionada con la gobernabilidad, capacidad de gobierno y gobernanza.
Como lo reconoce la FAO (2012), la inseguridad alimentaria es, a menudo, más una cuestión de acceso (poder adquisitivo y precio de los alimentos) que de suministro. Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro de alimentos puede ayudar a disminuir el coste de los alimentos para el consumidor y, así, aumentar el acceso a estos.
Las pérdidas y desperdicios de alimentos impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen la disponibilidad local y mundial de comida, generan pérdidas de ingresos para los productores, aumentan los precios para los consumidores e impactan de manera negativa en su nutrición y salud, y afectan al medio ambiente debido a la utilización no sostenible de los recursos naturales (FAO, 2014). En efecto, alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año. Esto significa obligatoriamente que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se utilizan en vano, y que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la producción de alimentos que se pierden o desperdician también son emisiones en vano (FAO, 2012).
En Colombia, desde que la seguridad alimentaria y nutricional fue declarada como política publica en 2008, mediante el CONPES SOCIAL 113, quedó formulada la necesidad de incluir en los planes de desarrollo las herramientas que permitan afrontar el hambre y desnutrición en cada uno de los departamentos del ámbito nacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 “Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educación”, se reconoce que existen problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de algunos grupos de población, especialmente los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y los factores que determinan su sostenibilidad y suficiencia. En este contexto, el 14,9% de los hogares se encuentran en inseguridad alimentaria (moderada y severa).
En Colombia, el Comité Inter-gubernamental de Seguridad Alimentaria Nacional (CISAN) identificó vente y tres (23) alimentos prioritarios clasificados en ocho (8) grupos, donde el pescado es uno de ellos. En efecto, la FAO (2016) afirma que la pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de alimentos, nutrición, ingresos y medios de vida para cientos de millones de personas en todo el mundo.
El pescado proporciona beneficios para la salud al proteger contra las enfermedades cardiovasculares y al contribuir al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del feto y el lactante. Los expertos coinciden en que los efectos positivos del elevado consumo de pescado superan en gran medida los posibles efectos negativos asociados con los riesgos de contaminación o inocuidad[1]. Una dieta saludable debe incluir suficientes proteínas que contengan todos los aminoácidos y ácidos grasos esenciales (por ejemplo, ácidos grasos omega 3 de cadena larga), vitaminas y minerales. Al ser una fuente rica en esos nutrientes, el pescado puede ser muy importante desde el punto de vista nutricional. Es un alimento rico en diversas vitaminas (D, A y B) y minerales (como el calcio, el yodo, el zinc, el hierro y el selenio), especialmente cuando se consume entero. El pescado es fuente de proteínas fácilmente digeribles y de alta calidad y contiene todos los aminoácidos esenciales (FAO, 2016).
El pescado aporta el 50% o más de la ingesta total de proteínas animales en algunos pequeños Estados insulares en desarrollo, así como en Bangladesh, Camboya, Ghana, Indonesia, Sierra Leona y Sri Lanka. En 2013, el pescado representó alrededor del 17% de la proteína animal, y el 6,7% de todas las proteínas consumidas por la población mundial. Además, el pescado suministró casi un 20% del aporte de proteínas animales per cápita a más de 3.100 millones de personas de todo el mundo (FAO, 2016).
El total de la producción mundial de la pesca de captura en 2014 fue de 93,4 millones de toneladas, de las cuales el 87,2% son de la producción de la pesca de captura marina. De total de la pesca marina (81,5 toneladas) el 82,1% lo producen 25 países principales en el mundo (66,9 toneladas), entre los que se enlistan 5 países de América Latina y el Caribe: Perú (5,7%), Chile (4,17%), México (1,5%), Argentina (0,98%) y Ecuador (0,73%). China es el país mayor productor de pesca marina (18,1%), seguido de Indonesia (7,3%), Estados Unidos de América (6%), Rusia (4,9%) y Japón (4,4%) (FAO, 2016).
El suministro mundial total de pescado destinado al consumo humano se ha mantenido por encima del crecimiento demográfico durante los últimos cinco decenios, creciendo a una tasa media anual de 3,2% en el período comprendido entre 1961 y 2013, en comparación con el 1,6% del crecimiento demográfico mundial. Como consecuencia, la disponibilidad media per cápita ha aumentado. El consumo aparente de pescado per cápita a nivel mundial registró un aumento medio de 9,9 Kg en el decenio de 1960 a 14,4 kg en el decenio de 1990 y 19,7 kg en 2013, con estimaciones preliminares que apuntan a un aumento todavía mayor, superior a 20 kg en 2015. El aumento de la producción por sí solo no explica dicha expansión. Muchos otros factores han contribuido, entre ellos, el menor desperdicio, un uso más adecuado, la mejora de los canales de distribución y la creciente demanda, unidos al crecimiento demográfico, el aumento de los ingresos y la urbanización. El comercio internacional también ha desempeñado un papel importante al proporcionar opciones más amplias a los consumidores (FAO, 2016).
Por otro lado, la acuicultura ha demostrado que también puede contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y nutricional y la pobreza en muchas partes del mundo. En el año 2014, la acuicultura tuvo una producción en el mundo de 167,2 millones de toneladas que representó un incremento del 14,5% en el periodo 2009-2014. En total, la producción de la acuicultura en el año 2014 representó un 44,2% del total de la producción de recursos pesqueros (la pesca de captura representó un 55,8%). En ese año, el 87,5% de la producción pesquera fue para consumo humano (FAO, 2016).
El desarrollo de la pesca en Colombia, la ubicó en 2012 en el puesto 81 en capturas y en el 72 en acuicultura, entre los 229 países para los que FAO reportó información para el 2014. El aporte de la pesca al PIB presentó una tendencia decreciente para el período 2004-2012. En Colombia el consumo per cápita de productos de la pesca es de 4,73 kg/año (MADR. 2013), que comparado con países como España (38 kg/año) y Japón (54 kg/año) y con el promedio de consumo en América Latina (18 kg/año), es bajo. La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN, 2010) concluye que el 61,1% de los colombianos consume pescados o mariscos una vez por mes y que únicamente el 26,9% los consume semanalmente (MADR Y FAO, 2015).
El consumo de pescado en el país es regionalizado presentando un consumo alto en las zonas donde el acceso a otros productos proteicos es bajo. De acuerdo con el PNUD, en las áreas ribereñas y costeras el 90% del consumo de proteína de origen animal proviene del pescado; no obstante, el consumo de pescado en comparación con otros productos proteínicos como el pollo, la carne y el cerdo, es bajo. En Colombia, los principales productos pesqueros provenientes de la pesca industrial y artesanal que aportan al consumo nacional son: atún, camarón, langosta, pargo, mero, sierra, cherna, merluza, piangua y almeja (MADR Y FAO, 2015).
En Colombia la política pública de pesca sostenible se enfoca más a incentivar en los territorios un manejo del recurso desde la perspectiva de ecosistemas, ordenación pesquera, Buenas Prácticas Ambientales (BPA), Buenas Prácticas Pesqueras (BPP), código de conducta para la pesca responsable de la FAO, inocuidad de los alimentos, trazabilidad del recurso y sus procesos.
En este contexto internacional y nacional, ¿cuál ha sido la experiencia del aprovechamiento de los recursos pesqueros en un territorio insular como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en Colombia?
Gráfica. Tipo de pesquería por regiones geográficas de Colombia. Fuente: FAO, 2014
El Departamento Archipiélago desarrolla la pesca artesanal e industrial enfocada en tres principales recursos: La langosta espinosa, el caracol pala y los peces que agrupan un gran número de especies de interés comercial (AUNAP, 2014). La pesquería de mayor relevancia proviene de la langosta espinosa (Panulirus argus), la cual movilizaba en el mercado local más de 100 millones de pesos, con reportes de exportaciones anuales por cerca de 10 millones de dólares y comercio en el mercado nacional cerca de 3.000 millones de pesos.
Se explotan, además, peces asociados a los arrecifes de coral y el Caracol Pala, recurso que representa la segunda pesquería en importancia comercial. El Caracol Pala (Strombus gigas), recurso exclusivo del Caribe, es una especie que se encuentra diezmada en casi todo su rango de distribución y, por lo tanto, su comercio internacional está altamente regulado por la Convención del Comercio Internacional de Especies Silvestres de Fauna y Flora Amenazadas (CITES).
Se podría afirmar que la actividad pesquera en la isla de San Andrés, según datos estadísticos de la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental, se ha deteriorado considerando que al evaluar el comportamiento del periodo 2004-2014, los principales indicadores del sector tienen tendencia a la baja o estable: a) La captura para la pesquería artesanal se ha mantenido en menos de 100 toneladas; b) Bajo aprovechamiento de la cuota global industrial (en el año 2013, la langosta tuvo un aprovechamiento del 57% y los peces del 13%); c) El número de faenas realizadas por los pescadores artesanales oscilan entre 3000 y 4000 faenas anuales, con tendencia a la baja; d) Faenas realizadas por pescadores industriales inferior a 50 al año; e) Captura por unidad de esfuerzo pesqueros -CPUE – (kilogramo/pescador/día), en la pesquería artesanal inferior a 20, con tendencia a la baja y en la pesquería industrial inferior a 60 con tendencia a la baja.
El Plan de Desarrollo Departamental prioriza como los principales problemas del sector: 1. La pérdida de rentabilidad debido por una parte a la disminución en la abundancia de los recursos, y por los altos costos de operación generados por la necesidad de desplazarse a áreas de pesca más alejadas; 2. Los conflictos por el acceso a los recursos pesqueros entre pescadores artesanales e industriales que dificulta una adecuada planificación y ordenación sectorial; 3. La pesca ilegal, no regulada y no reglamentada por parte de embarcaciones extranjeras y nacionales, que no sólo afecta el estado de los recursos y ecosistemas, sino la pesca legalmente ejercida; 4. La incertidumbre por parte de la pesquería Industrial en el acceso a áreas de pesca que según el Fallo de la corte Internacional de Justicia corresponden a Nicaragua; 5. Muy poco conocimiento sobre el estado real de los principales recursos pesqueros en la región (estudios biológicos pesqueros, poblacionales y Stock reproductivo); 6. No contar con un centro de almacenamiento, manipulación y producción de productos pesqueros; y 7. Nuevas alternativas de producción y aprovechamiento del recurso pesquero. Como otro problema se reconoce una mala manipulación post captura, lo cual hace que el producto pierda calidad y en algunos casos no pueda ser comercializado (Gobernación del Departamento Archipiélago, 2016).
El Estado Colombiano ha tratado de impulsar la acuicultura en este territorio insular desde la Ley 47 de 1993[1] como fuente de alimentación, generación de empleo, bienestar social y para disminuir la presión sobre los recursos pesqueros del Departamento Archipiélago. Mediante dicha Ley se ordenó la creación de la Junta Departamental de Pesca y Acuicultura, asignándole entre otras funciones la de dar permisos para la acuicultura. Posteriormente mediante La Ley 915 de 2004 se establecieron disposiciones especiales para incentivar la acuicultura, cuyos artículos relacionados con ese tema fueron reglamentados mediante Decreto 2668 del 2012.
En el PND 2014-2018 se estableció como uno de los objetivos para alcanzar un “Caribe Prospero, Equitativo y sin Pobreza” como estrategia regional, disminuir las brechas socioeconómicas entre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los demás departamentos del país y avanzar hacia una reserva próspera, segura y sostenible. Como una de las acciones para desarrollar la estrategia “Generar empleos de calidad” se plantean, entre otras, que el gobierno nacional construirá y acondicionará el Terminal Pesquero Artesanal de San Andrés, con el propósito de mejorar las condiciones para el desembarco, alistamiento y transformación de los productos pesqueros de la isla; así mismo, promoverán iniciativas en materia de maricultura y acuaponía en San Andrés y Providencia que fortalezcan los proyectos que ya están en curso, como una alternativa a la actividad extractiva pesquera que mejore o, en su defecto, sostenga los ingresos de los pescadores de las islas en épocas de veda o escasez del recurso.
A diciembre del 2016, se había implementado una experiencia de acuicultura en la isla de Providencia, por Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farming Cooperative Enterprise – “Fish & Farm Coop”, desde Septiembre del 2013 hasta Agosto del 2015, como primera fase de un proyecto de maricultura con el objeto de fomentar y desarrollar el Proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre las técnicas de cultivo de especies marinas a escala de laboratorio y de planta piloto con fines comerciales. Este proyecto fue co-financiado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
No se disponen de datos oficiales sobre el aporte en porcentaje de la ingesta de pescado o recursos pesqueros sobre el total de proteínas animales en el Departamento Archipiélago. Ni de consumo per-cápita de esos alimentos en estas islas. Las investigaciones públicas disponibles presentan datos estadísticos relacionados con infraestructura del sector, producción, cuotas de pesca, artes de pesca, empleo y/o programas de formación.
Pese a lo anterior, en la planificación de este territorio insular se reconoce la importancia del sector pesquero tanto para contribuir al mantenimiento de empleo, como para disminuir la pobreza, promover el desarrollo rural y aportarle a la seguridad alimentaria.
Sin embargo, como lo dicen algunos pescadores artesanales, residentes y Raizales “…cada vez hay menos pescado…toca salir más lejos para pescar algo…”. “…Las personas prefieren comprar pescado importado…de especies no nativas…y capturados con artes de pesca ilegal y contaminantes…antes que comprar el pescado local…”.
Se concluye entonces que en la agenda pública internacional y nacional priorizan la seguridad y soberanía alimentaria, evidenciado en Acuerdos multilaterales, Acuerdos bilaterales, planes de desarrollo (nacional y territorial), planes estratégicos y prospectivos (de mediano y largo plazo), proyectos de inversión, y políticas públicas en general. Sin embargo, en algunos territorios insulares, como el Departamento Archipiélago de Colombia, cada vez hay menos recursos pesqueros para la dieta alimentaria debido a múltiples factores, tanto propios del sector, como políticos, ambientales y socio-culturales. No hay condiciones que faciliten la disponibilidad de recursos pesqueros en la dieta alimenticia de los hogares isleños.
Esta situación, conlleva a que la disponibilidad y acceso a este tipo de alimentos dependa de procesos productivos endógenos; esto es, de su producción y comercialización a nivel local, basados en el liderazgo de una política pública territorial.
Es pertinente, dadas las condiciones geográficas, físicas y ambientales de los territorios insulares, priorizar los recursos pesqueros dentro de las acciones prioritarias para seguridad alimentaria, no solo por la disponibilidad y acceso a este tipo de alimentos, sino también como fuente importante de valores protéicos para la dieta nutricional.
Notas
[1] La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx
[2] Ley 47 de 1993 Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina.
Bibliografía
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP (2014). La Pesca y la Acuicultura en Colombia.
Departamento Nacional de Planeación, DNP (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un Nuevo País. Paz, Equidad y Educación.
Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2016). Plan de Desarrollo Departamental “Los que soñamos somos más” 2016-2019.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO. (2015). Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia. Bogotá D.C.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2016). El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2016. Contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición para todos. Roma.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2014). Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en América Latina y El Caribe.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2012). Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el Mundo – Alcance, Causas y Prevención. Roma.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (2011). Una introducción a los Conceptos Básicos de la Seguridad Alimentaria
