Por: Christie D. Walters Álvarez / Gestora del Observatorio de Seaflower; E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Es posible implementar programas y proyectos de inversión para el desarrollo sostenible con fuentes de financiación diferentes a las tradicionalmente conocidas como lo son: recursos de Nación, recursos propios de entidades públicas, créditos de instituciones financieras, programas de responsabilidad social empresarial (RSE), y recursos de cooperación (cooperación bilateral, cooperación triangular, cooperación multilateral, cooperación descentralizada, y cooperación no gubernamental).
Hoy en día los ‘Gerentes del Desarrollo’ aprovechan las innovaciones financieras para acceder a recursos que permitan mejorar el bienestar social y la calidad de vida de una población, mediante programas o proyectos que tengan claramente definidos sus objetivos, resultados, productos y metas de inversión social y ambiental.
Entendiendo la innovación financiera como la creación o modificación de instrumentos financieros para la implementación de estrategias de inversión, financiamiento, administración de riesgos o penetración en nuevos mercados, podríamos inferir que el propósito de la innovación financiera es satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema financiero (empresas, inversores, y público en general) ante cambios en el entorno económico y financiero.
Entonces lo sustancial de la innovación financiera está en idear maneras que modifiquen la operación actual del sistema financiero[1].
Por lo anterior, cuando se habla de innovación financiera se puede hacer referencia a 3 tipos de innovación: innovación de productos y servicios, innovación de procesos, e innovación de mercados[2].
¿Por qué es importante hablar de innovación financiera para el desarrollo sostenible?, ¿Cuáles ejemplos existen en el país?, y ¿Cuáles son los principales beneficios de estas innovaciones financieras?
Para responder a estas inquietudes, en este artículo de opinión comentaremos sobre 4 clases de innovaciones de productos y servicios financieros que han iniciado su utilización en Colombia en los últimos 10 años, para la inversión y/o financiamiento de proyectos sociales y ambientales: Alianzas Público-Privadas (APP), Pagos por Servicios Ambientales (PSA), Crodwfunding y Financiamiento Basado en Resultados
Con la hipótesis que existe una alta dependencia a fuentes de financiación tradicionales para proyectos de inversión lo cual dificulta la oportuna solución de problemas o necesidades que dificultan el desarrollo, el propósito de este artículo de opinión es ampliar los conocimientos sobre fuentes de financiación alternativas para proyectos de inversión, facilitando la gestión de tomadores de decisiones locales o gobernantes en territorios basados en un modelo de desarrollo sostenible.
La identificación, análisis y selección de fuentes de financiación para programas o proyectos que le aporten al desarrollo sostenible, es posterior a la determinación de los objetivos, indicadores y metas para la gestión territorial. Es decir, la financiación es el ‘con qué’ se va a obtener el ‘qué´ y el ‘cómo’ se determinó en la planeación.
Después de tener definido la planeación de mediano y largo plazo aplicando diferentes metodologías participativas (planeación estratégica, planeación prospectiva, planeación estratégica situacional (PES), Future Search Conference (FSC), Balanced Scorecard (BSC), Análisis DOFA, CANVAS, etc.), se formula la planeación de corto plazo a través de programas o proyectos de inversión. Para ello, se puede utilizar la metodología o método de planeación pertinente para el actor que planifica (marco lógico, MGA, etc.).
Entre la planeación de largo y mediano plazo y la planeación de corto plazo, los ‘Gerentes del Desarrollo’ deben definir la estrategia financiera más pertinente y oportuna según el contexto, la capacidad de gobierno, la gobernabilidad y especialmente la gobernanza en el territorio. Pueden decidir implementar fuentes de financiación tradicionales o innovadoras.
La “Nueva Gobernanza” o “Gobernanza Moderna”[3] implica, por una parte, una mayor participación de actores como la sociedad civil, las organizaciones y el sector privado que tienen capacidad de gestión, recursos financieros y mediciones de efectividad; por otra parte, un proceso de cesión de actividades de parte de un Gobierno que busca ser eficiente y garantizar calidad en la provisión de bienes públicos. Es un gobierno compartido, asociado, o en red, donde se buscan principios y acuerdos para resolver problemáticas comunes[4].
En Colombia, como un aporte hacia la Gobernanza Moderna se ha establecido desarrollar esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP) y explorar mecanismos alternativos para canalizar inversión y gestión privada eficientes en la modernización, construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura pública, a través de la Ley 1508 de 2012, con su Decreto Reglamentario 1467 de la misma vigencia[5].
Las APP son una alianza de colaboración entre el sector público y el privado para el desarrollo de la infraestructura de un país, ésta última, condición necesaria para el crecimiento de la productividad y la competitividad de la economía. Son una combinación de proyectos de inversión (negocio financiero) con proyectos de construcción mediante la unión de dos tipos de sujetos contractuales: el Estado y el Sector Privado (inversionista nacional o extranjero).
Las APP, consideradas como instrumento de política de largo plazo de financiación y gestión para la provisión de bienes y servicios públicos asociados a una infraestructura vinculando capital privado, pueden ser de iniciativa pública o de iniciativa privada; en cualquier caso, la administración de recursos de los proyectos es a través de patrimonios autónomos.
Los principales beneficios o razón de ser de las APP son: (i) Atraer empresas e inversionistas del sector privado a proyectos que de otra forma no se llevarían a cabo;
(ii) Transferir a las empresas e inversionistas privados una parte significativa de los riesgos y costos que el gobierno de lo contrario tendría que absorber por completo; y,
(iii) Asegurar que la eficiencia y calidad del proyecto sea al menos igual a la obtenida si el gobierno asumiese todos los costos y riesgos[6].
Aunque han sido criticadas en el país por su alcance normativo y dificultades en su implementación, las APP han sido principalmente aplicadas para la financiación de infraestructura vial.
Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), son definidos a nivel internacional como “una transacción voluntaria, donde el aumento, mantenimiento o provisión de un servicio ambiental definido (o un uso de la tierra que aseguraría ese servicio) es reconocida económicamente por al menos un comprador de ese servicio a por lo menos un proveedor del mismo, sólo si el proveedor asegura la provisión del servicio ambiental transado (condicionamiento)”[7].
Esta estrategia de intervención, de carácter económica, aunque tiene experiencias exitosas a nivel internacional, en Colombia ha sido poco desarrollada.
En el país recientemente se implantaron disposiciones para los PSA mediante El CONPES 3886 del 8 de Mayo del 2017 en el cual se establecieron “Lineamientos de Política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la Construcción de Paz” y El Decreto 870 del 25 de Mayo del 2017 del Gobierno Nacional “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación”[8]. En ambos instrumentos normativos se establecen disposiciones para implementar modalidades de PSA en lo relacionado con conservación de servicios hidrobiológicos, conservación de la biodiversidad y conservación de sumideros de carbono. Sin embargo, reconocen la pertinencia de desarrollar una agenda de investigación que incluya dentro de uno de sus objetivos avanzar en el conocimiento sobre los servicios ambientales prestados por ecosistemas marino-costeros y dulceacuícolas. Así mismo, se reconoce que a partir de la implementación de proyectos de PSA, se busca fortalecer los valores culturales y de reconocimiento social asociados a la conservación de áreas y ecosistemas estratégicos para el desarrollo sostenible que facilite complementar a los instrumentos de gestión ambiental del Estado. Y en todo caso, se deben considerar en los proyectos de PSA -mencionan dichas normas-, las prácticas tradicionales ancestrales, usos y costumbres de los pueblos étnicos.
El CONPES 3886 del 2017 define que los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio de tipo ecológico, cultural o económico directo o indirecto.
El Decreto 870 del 2017 define que el PSA es “el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales”.
Es importante destacar que los esquemas de PSA son diferentes a otros instrumentos económicos implementados en Colombia como lo son tasas ambientales (ej.: tasa retributiva y tasa por uso del agua) y compensaciones ambientales. A diferencia de los otros instrumentos económicos implementados en el país, el pago por los servicios ambientales es voluntario y dirigido a fomentar una externalidad positiva.
En los últimos años el concepto de PSA ha sido debatido por investigadores, académicos y expertos internacionales, justamente por la inclusión de externalidades positivas o por la necesidad de considerar el contexto en el cual se va a implementar el esquema.
Se plantea entonces que existe un enfoque alternativo de los PSA que incluye en su diseño e implementación una distribución equitativa de beneficios, la integración social y las relaciones de poder[9].
De hecho, se afirma que el alcance de los PSA debe ser superior a fines de conservación ambiental; por el contrario, los esquemas de PSA deben propender por desarrollar “compensaciones” entre eficacia, equidad y pobreza de los beneficiarios de los servicios ambientales[10].
En Colombia el concepto de los PSA no es nuevo. Desde hace 20 años el Estado ha creado incentivos para promover la conservación como el Certificado de Incentivo Forestal a la Conservación (CIF), en el cual se reconoce el costo en el que incurre un propietario por conservar en su predio ecosistemas boscosos o invertir en nuevas plantaciones forestales. Por su parte, el programa Familias Guardabosques ofrece ingresos económicos y apoyo técnico para proyectos productivos a familias en riesgo de sembrar cultivos ilícitos. Actualmente, los recursos de los esquemas PSA vienen no solo del Estado sino de la empresa privada y de las personas naturales[11].
En la microcuenca de Chaina (Departamento de Boyacá, Colombia), se ha implementado un esquema de PSA que se constituye en una de las experiencias piloto de PSA puros en Latinoamérica. La experiencia de PSA en la microcuenca de Chaina ha mostrado que los esquemas de PSA son complementarios a otros instrumentos de conservación como el establecimiento de áreas protegidas (instrumentos de comando y control) y la compra de predios (instrumento financiero). El esquema de PSA en la microcuenca de Chaina constituye una experiencia innovadora para Colombia donde demandantes privados de servicios ambientales heterogéneos en nivel de ingresos, actividades, nivel educativo e intereses en la zona (usuarios de agua campesinos y vinculados), se organizan para -a partir de contribuciones individuales voluntarias- mejorar la provisión de los servicios, mediante pagos por conservación diferenciados a propietarios de predios aguas arriba de la microcuenca. Adicionalmente, el PSA en Chaina ha permitido el acercamiento de agentes con intereses diferentes, contribuyendo al fortalecimiento y construcción del capital social alrededor de la conservación de la microcuenca y de la región[12].
En el año 2013 se creó e implementó Banco2, otro ejemplo de PSA, liderado por la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare, CORNARE. El esquema BanCO2 trabaja por la protección del medio ambiente, a través de la compensación económica a familias vinculadas, por medio del pago por servicios ambientales.
Los principales beneficios de un PSA son: i) Es una estrategia de intervención económica para la conservación ambiental; ii) Se benefician familias rurales o población vulnerable con incentivos (económicos o no económicos); iii) Promueve el cuidado del medio ambiente desde la gestión territorial; y iv) Estimula el trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado para protección, conservación y/o recuperación del medio ambiente.
En este artículo no podemos dejar de mencionar el término FinTech, el cual se utiliza para designar, por una parte, todas aquellas soluciones tecnológicas que forman parte de la innovación financiera; y, por otra, todas aquellas empresas de carácter tecnológico (principalmente, start-ups) que desarrollan o facilitan esas soluciones[13].
El Crodwfunding es un término que se usa para describir el uso de pequeños montos de dinero, obtenidos de un número significativo de personas y/o organizaciones, para fondear un proyecto, un negocio, un crédito u otras necesidades a través de una plataforma en línea. Esto es, el Crodwfunding es un FinTech. Hay tres actores principales involucrados en cualquier modelo de crowdfunding: a) Plataforma, b) Donante, y c) Emprendedor o Creador.
Existen 5 modelos de Crodwfunding[14]: 1. De donaciones (Quienes realizan aportaciones no esperan beneficios a cambio); 2. De recompensas (Quienes hacen aportaciones recibirán una recompensa por su contribución); 3. De acciones (Quienes reciben participaciones de ella); 4. De préstamos o crowdlending (Se trata de una financiación en masa, a través de préstamos de una empresa a cambio de un tipo de interés por el dinero prestado); y 5. De royalties (Cuando se invierte en un determinado proyecto o empresa y se espera obtener una parte, aunque sea simbólica, de los beneficios).
Dos ejemplos de Crodwfunding de donaciones son Little Big Money y GlobalGiving.
Little Big Money (https://www.littlebigmoney.org/) es una plataforma de Crowdfunding para el desarrollo de proyectos con impacto social y ambiental. En el 2016, en Colombia hacía presencia en 22 regiones principalmente en Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Valle y Santander. Los montos de recaudados de un proyecto entre $3 millones y $33 millones. Las categorías para presentar proyectos son: agricultura, alimentos, artesanías, arte y cultura, deportes, educación, energía, medio ambiente, negocios sociales, salud, tecnología y textil.
GlobalGiving (https://www.globalgiving.org/) es un sitio de internet que ayuda a las organizaciones en todo el mundo a recaudar dinero para la implementación de sus proyectos. GlobalGiving conecta a organizaciones sin fines de lucro, donantes y empresas en casi todos los países del mundo. Ayuda a organizaciones sin fines de lucro locales a acceder a los fondos, herramientas, capacitación y apoyo que necesitan para ser más efectivos. Esta plataforma en línea tiene alrededor de 20 categorías o tipos de proyectos que pueden aplicar para conseguir donaciones para proyectos.
Los principales beneficios de Crodwfunding son: i) Es una forma de financiación basada en el mercado (Market-based Finance); ii) Capacidad de recaudar capital eficiente y eficazmente; iii) Una persona u organización puede aumentar el capital necesario que necesitan sin endeudarse; y iv) Las finanzas basadas en el mercado son una alternativa a los préstamos tradicionales[15].
El Financiamiento Basado en Resultados como otra innovación financiera se origina en la necesidad de realizar inversiones de impacto social y ambiental con un retorno financiero positivo. Existen tres (3) tipos de financiamiento basado en resultados: a) Bonos de inversión social (BIS); b) Bonos de impacto de desarrollo (BID); y c) Contratación basada en desempeño (CBD)[16].
El BIS es un mecanismo que aprovecha el capital privado para los servicios sociales. Los BID son similares a los BIS pero el pagador es un donante, fundación u otros (no el gobierno).
Los BIS y BID se diferencian de la contratación basada en desempeño debido a la participación de inversionistas privados. Los inversionistas con orientación social proveen el capital de trabajo
de manera anticipada para financiar a los proveedores de servicios. La diferencia entre un BIS y BID es la parte que recompensa a los inversionistas: en el primero, es el gobierno y en el segundo es un donante internacional, una fundación o una agencia financiera.
El gobierno o el donante entra en un acuerdo de financiamiento basado en resultados con uno o más inversionistas y se contrata un operador de servicios sociales para implementar el proyecto. Con base en una evaluación independiente, el gobierno o el donante repaga el capital principal más los intereses de acuerdo al impacto obtenido por el programa. El proveedor de servicios puede recibir el capital de trabajo para la implementación y asumir parte del riesgo financiero.
En el CBD condiciona el pago a la consecución de unos objetivos previamente determinados por un contrato formal entre las partes interesadas sin financiación externa. Los contratos describen el tipo de pago y las condiciones que determinan la cantidad de compensación. En el manejo del esquema de pagos se determina un precio por el resultado esperado y se establece un componente variable que disminuye el pago debido al bajo rendimiento o lo aumenta debido a un alto desempeño según los estándares definidos en el contrato inicial.
Los principales beneficios del financiamiento basado en resultados (BIS, BID, y CBD) son[17]: i) Se condiciona el pago a resultados y no a la realización de actividades de un proyecto; esto es, propende por la eficacia y efectividad más que por la eficiencia; ii) Posibilitan identificar programas o proyectos de alto rendimiento; iii) Es una propuesta atractiva a financiadores filantrópicos y un factor de diferenciación de sus competidores; y vi) Es una estrategia de administración del (los) riesgo (s) de un proyecto, el (los) cual (es) puede compartirse, disminuir o mitigar.
Las principales conclusiones en este artículo de opinión son 4:
- Es posible disminuir la dependencia a fuentes de financiación tradicionales para proyectos de inversión para el desarrollo sostenible, facilitando la oportuna solución de problemas o necesidades en la gestión territorial
- La implementación de una estrategia de innovación financiera para programas y proyectos de Desarrollo Sostenible, dependen de los objetivos y metas definidos en la ‘Gerencia para el Desarrollo’, a través de la planeación de largo, mediano y corto plazo. Por lo tanto, su selección debe estar claramente explicita en los planes de desarrollo territorial y/o en planes estratégicos de la Organización respectiva
- Las 4 alternativas de innovación financiera para el Desarrollo Sostenible expuestas en este artículo, le aportan a procesos de gobernanza colaborativos basados en la confianza, la alineación de objetivos, motivadores y comunicación asertiva entre los actores estratégicos participantes
- Con la implementación de alternativas de innovación financiera se administra el (los) riesgo (s) de un proyecto entre los actores estratégicos participantes.
REFERENCIAS
[1] “¿Qué es la innovación financiera?”, disponible [en línea] en https://www.masters-finanzas.com/la-innovacion-financiera/, recuperado el 10 de Diciembre del 2018.
[2] “Innovación Financiera”, disponible [en línea] en http://www.xprttraining.com/analisis-bursatil/la_innovacion_financiera.html, recuperado el 10 de Diciembre del 2018.
[3] La gobernanza moderna se encuentra relacionada con “concepciones contemporáneas sobre el ejercicio del gobierno que enfatizan en la relativización de los límites entre lo público y lo privado y la ineficiencia de los mecanismos tradicionales de gobierno basados en el recurso a la autoridad o a la sanción (…) En lugar de la centralidad del Estado, la metáfora utilizada es la de la red de actores (públicos, privados, ciudadanos) que mediante relaciones de cooperación determinan la acción pública” (Rodriguez, 2014).
[4] Rodriguez, S. (2014). Las Asociaciones Publico Privadas como Instrumento de Política de Largo Plazo: Bases Teóricas y análisis del marco institucional para el caso colombiano. Ensayo Académico para optar al título de Especialista en Finanzas y Administración Pública. Programa de Especialización en Finanzas y Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas Universidad Militar Nueva Granada.
[5] Idem
[6] “Los Siete Pecados de Alianzas Público-Privadas Deficientes”, disponible [en línea] en http://gestion.pe/empresas/siete-pecados-alianzas-publico-privadas-deficientes-2147595, recuperado el 22 de Septiembre del 2016.
[7] Wunder, S. (2006). Pagos por Servicios Ambientales: Principios Básicos Esenciales. Centro Internacional de Investigación Forestal.
[8] Antes de estas normas, mediante la Ley 1753 del 2014 por “la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País””, en su Artículo 108, se establecen disposiciones para la adquisición por la Nación de áreas o ecosistemas de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales o implementación de esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) u otros incentivos económicos. Aunque se estableció que dentro del término de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentaría al Congreso de la República un proyecto de ley que estableciera los términos, condiciones, procedimientos y fuentes de financiación para la implementación de PSA, y otros incentivos a la conservación, esto no se hizo. Sino que se generó el CONPES 3886 del 2017 y posteriormente el Decreto 870 del 2017 para establecer disposiciones sobre los PSA en el país.
[9] Muradian R., Corbera E., Pascual U., Kosoy N., y May P. (2010). Reconciliando Teoría y Práctica: Un Marco Conceptual Alternativo para Entender los Pagos por Servicios Ambientales. En Revista Ecological Economics 69. P. 1202–1208
[10] Tacconi, L. (2012). Redifiniendo Pagos por Servicios Ambientales. En Revista Ecological Economics 73. P. 29-13
[11] “Pagos por Servicios Ambientales: Una Alternativa para la Conservación”, disponible [en línea] en https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/pago-por-servicios-ambientales-una-alternativa-para-la-conservacion/37639, recuperado el 11 de Diciembre del 2018.
[12] Borda, C., Moreno-Sánchez, y Wunder, S. (2010). Pagos por Servicios Ambientales en Marcha: La Experiencia en la Microcuenca de Chaina, Departamento de Boyacá, Colombia. Centro para la Investigación Forestal Internacional. 60p.
[13] “Las Tres Dimensiones de la Innovación Financiera Tecnológica o # Fin Tech”, disponible [en línea] en https://www.yolandablazquez.com/las-tres-dimensiones-de-la-innovacion-financiera-tecnologica-o-fintech/, recuperado el 10 de Diciembre del 2018.
[14] “Crodwfunding: ¿Qué es? ¿Cómo funciona?”, disponible [en línea] en https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/, recuperado el 11 de Diciembre del 2018.
[15] “Crowd-funding: An Infant Industry Growing Fast”, disponible [en línea] en http://www.iosco.org/research/pdf/swp/Crowd-funding-An-Infant-Industry-Growing-Fast.pdf , recuperado el 11 de Diciembre del 2018.
[16] Hoyos, M. (2016). Taller de Negociación y Liderazgo. Maestría en Gerencia para el Desarrollo. E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
[17] Ídem
